FAMS contribuye al alcance de los objetivos de desarrollo sostenible, en los que en su discurso se priorizan 7 de los 17 objetivos establecidos. En la reivindicación que FAMS realiza desde hace 30 años de los derechos de familias monoparentales, se insiste en una incidencia política en la que se busca una Ley de Familias inclusiva con perspectiva de género y derechos de infancia que reconozca nuestro modelo familiar. Una ley que desde marzo lleva en ampliación de enmiendas y que en ocasiones anteriores “ha quedado en un cajón” a pesar de la insistencia tanto de FAMS como de las entidades que forman parte de la Red Estatal de Entidades de Familias Monoparentales (REEFM) en trasladar a las fuerzas políticas las diferentes discriminaciones que atraviesan a la monoparentalidad.

Durante la jornada de ayer, de cara a que hoy 25 de septiembre estaba fijada la decimo novena ampliación de enmiendas de la Ley de Familias, FAMS emitió un comunicado en el que hacía un llamamiento a las fuerzas políticas en el apoyo de tramitación de la ley, apoyándose en que su aprobación supondría el reconocimiento de las familias monoparentales y representaría un paso hacia la eliminación de las discriminaciones y exclusión social a la que se ve sometido nuestro modelo familiar, con una tasa de riesgo de pobreza y exclusión social casi del 53%, según la última encuesta de condiciones de vida elaborada por el INE.

En el comunicado, FAMS también expuso una de las grandes problemáticas a las que se enfrenta la monoparentalidad, las medidas y políticas de conciliación y cuidado están diseñadas para familias biparentales y en las medidas que suponen un apoyo económico, no se contempla la realidad de la monoparentalidad. Insistimos: es necesario que todas las fuerzas políticas del país se muevan al unísono y apliquen la lógica: los gastos de crianza de un o una menor no cambian en nuestras familias, lo que cambia es que esos gasto de crianza y cuidado recaen en una sola persona, es decir, un solo sueldo.

Actualmente, la monoparentalidad es reconocida según comunidad autónoma – hoy en día 10 ofrecen el título de familia monoparental- lo que supone una desigualdad territorial en torno al reconocimiento de derechos de estas familias y menor presupuesto para políticas enfocadas a este modelo familiar.

La aprobación de la Ley de Familias, fue catalogada el pasado 11 de septiembre en el Congreso de los Diputados por el Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 Pablo Bustinduy, como un interés a corto plazo en unas medidas de sentido común que tendrían un importantísimo efecto en el bienestar de millones de familias y aprovechó para hacer un llamamiento a la movilización de las fuerzas políticas y otros actores en el apoyo de presupuestos y dispositivos normativos necesarios para que por fin, esta ley pueda ver la luz.